Rosa María Palacios y el caso de IMI del Perú SAC

En una animada controvesia desatada en Twitter la periodista y abogada Rosa María Palacios, conductora del programa 'Prensa Libre' que transmite América Televisión, negó haber incursionado en actividades empresariales de la mano de su esposo, el abogado Alberto Varillas. Varillas fue gerente y asesor legal de Petrotech Peruana (ahora SAVIA, de capitales colombianos y coreanos), compañía que involucrada en el escándalo de escuchas ilegales realizadas por BTR a una serie de funcionarios y personajes públicos.

La participación de Rosa María Palacios en IMI del Perú S.A.C (International Marine Inc), firma que brinda servicios a la cuestionada petrolera, fue de ocho días como reconoció la comunicadora en Twitter. Ella expresó en Internet que ignoraba cualquier relación con IMI.

Cabe recordar que ella figuraba como socia en el año 2000 como consta en la partida registral de IMI, constituida en la Región Piura. Su nombre aparecía con el de su marido, socio fundador de la citada empresa, hecho que no negó en la red de contactos sociales. La relación de la comunicadora con IMI fue automática en ese momento -en el 2000- pues formaba parte de la sociedad que la inscribió por el régimen de la sociedad de gananciales que mantiene con su cónyuge, en virtud de la cual fue copropietaria de una sola acción por breve tiempo.

Por medio de Twitter Rosa María Palacios descartó tener en la actualidad algún tipo de vínculo con IMI del Perú S.A.C., que brinda servicios de transporte marítimo a empresas petroleras. Aclarado esto, corresponde resumir o abreviar el trato que ha venido dando a sus trabajadores. A continuación, se enmumeraran una serie de abusos que han sido registrados por el sindicato.

IMI del Perú S.A.C. se encuentraba dentro de la esfera de Petrotech, cuyo accionista mayoritario fue el norteamericano William Kallop, quien controlaba diversas empresas en el sector de hidrocarburos. Según un informe de la ONG Plades, IMI proviene de la Antigua International Marine. Plades asegura que tras el cambio de nombre IMI inició prácticas marcadamente antisindicales para evitar la formación del nuevo sindicato de IMI (Sindicato Único de Trabajadores de Mar y Tierra de IMI del Perú S.A.C.)

La empresa en cuestión rechazó la constitución del sindicato para evitar la negociación colectiva con sus empleados, esto es, el derecho de los trabajadores a solicitar a sus empleadores mejores condiciones de trabajo, el que ha sido reconocido constitucionalmente y en tratados internacionales. Con ello IMI también violó el derecho a la libertad sindical que autoriza a los trabajadores a formar sindicatos y afiliarse a los mismos para defender sus intereses.

En 2001 IMI exigió a sus empleados una reducción de sueldos, quienes se vieron obligados a renegociarlos con la nueva directiva. Acto seguido desconoció al sindicato anterior cuando cambió de nombre y tomó el local que empleaba la organización sindical para convertirlo en comedor para ejecutivos.

Uno de los problemas reportados por Plades es "la hora de ingreso de los trabajadores de los pozos marinos pues ingresan a las 5:00 am a su centro de labores en el mar, pero les contabilizan la entrada a partir de las 7:00 am". IMI aduce que las pantallas que registran las tarjetas "no funcionan tan temprano". Estos hombres tienen derecho al pago de horas extras pues se ponen a disposición de la empresa desde que abordan las embarcaciones que los trasladan a los pozos.

En cada jornada la compañía no reconoce dos horas de labor a sus empleados en altamar, en otras palabras, no paga horas extras debidamente acreditadas. Esto le genera mayores ingresos a IMI pues por el misma salario sus trabajadores cumplen jornadas adicionales. La no retribución de IMI constituye una plusvalía que va directamente al bolsillo de los accionistas.

IMI hostigó de manera permamente a los trabajadores sindicalizados amenazándolos con el despido. Intentó liquidar la actividad sindical para generar ahorros sustanciales en el plano laboral, hecho que beneficia exclusivamente a sus accionistas. La firma de capitales norteamericanos y peruanos fue fundada, como se dijo más adelante, por Alberto Varillas Cueto, esposo de Rosa María Palacios McBride.

Desde el comienzo se registraron violaciones a la libertad sindical y a la negociación colectiva mediante la desestabilización, la marginación y el amedrentamiento. Plades afirma que IMI discrimina entre sus trabajadores pues bonifica a los no sindicalizados, quienes en sus vacaciones reciben un bono extra que no perciben los sindicalizados. Estos últimos tampoco tienen derecho "al bono de rendimiento que se acumula para las vacaciones o para el básico de los empleados".

IMI del Perú S.A.C. es la matriz de varias firmas que brindan servicios a Petrotech y sus empresas vinculadas (IMI ocupa el edificio donde domicilia Petrotech en Talara). Entre las primeras destaca Talara Cathering Service, especializada en el rubro alimentario que se encarga de preparar menús a los empleados, quienes deben adquirirlos de manera obligatoria. Los trabajadores no tienen la posibilidad de llevar alimentos de sus casas porque IMI lo prohibe. Ni siquiera los que requieren una dieta especial -por tratamiento médico- están dispensados por disposición de la empresa.

En la práctica IMI del Perú S.A.C. opera como un gran service que abarata el costo de la mano de obra ya que sus 1500 trabajadores prestan labores en empresas de Petrotech, que cuenta con 500 empleados en planilla. De ahí que se haya opuesto a la constitución del Sindicato Único de Trabajadores de Mar y Tierra de IMI. La empresa se creó básicamente para defraudar o sacarle la vuelta a la ley. Es decir, para no incoporar ni reconocer derechos laborales a cientos de trabajadores.

IMI también ha sido denunciada por obligar a sus empleados a trabajar jornadas de 144 horas continuas, las cuales son inconstitucionales pues afectan la salud y la dignidad de la persona. La práctica de despido arbitario se ha verificado en el caso de una trabajadora sindicalizada de IMI. En junio del 2008 el Ministerio de Trabajo instó a IMI a regularizar la situación de 980 trabajadores subcontratados irregularmente.

IMI intervino en repetidas ocasiones para que el sindicato no pueda registrarse. Para dicho efecto presentó acciones "legales" para impedir la negociación colectiva. A lo largo del proceso de inscripción del sindicato se negó a acatar resoluciones administrativas y judiciales. La empresa debió iniciar la negociación del convenio colectivo de trabajo, pero rechazó el trato directo con la organización sindical. Pese a que el Ministerio de Trabajo y el Poder Judicial declararon improcedentes sus reclamos, IMI prosiguió con su actitud hostil hacia los trabajadores sindicalizados.

En febrero del 2008 IMI fue multada por una UIT por no presentar un estudio sobre sus estados financieros. En fechas posteriores sus representantes no se presentaron a la diligencia de conciliación convocada por la autoridad del trabajo (lo hicieron para retrasar la negociación colectiva). El 14 de abril de ese año los trabajadores realizaron una huelga general para protestar por las acciones de IMI.

Sería saludable que la prensa tomara interés por el asunto.



Fuente:


http://www.plades.org.pe/publicaciones/estudios/vigilancia_social/talara_desarrollo_y_oportunidades.pdf