El primer mandatario Alan García y el Poder Judicial son los grandes beneficiados de la condena al ex presidente Alberto Fujimori
De la sentencia condenatoria al ex presidente Alberto Fujimori se pueden colegir varias cosas en el plano político. La primera de ellas es el gran alivio que representa para Alan García no otorgar indulto al personaje que ayudó limpiar su nombre en los 90. Como todos recordaran, la bancada de Nueva Mayoría / Cambio-90 votó en contra de las acusaciones constitucionales por enriquecimiento ilícito (desbalance patrimonial) y de la matanza de los penales (Castro Castro y El Frontón) que afrontaba García. Pero esta vez el presidente en funciones no podrá devolverle el favor a su socio político en la alianza que le asegura el control del Parlamento y la gobernabilidad del país.
García pudo haber despertado muchas expectativas entre los simpatizantes fujimoristas luego de haber indultado, sin mayor reparo ni escrúpulo, al ex magnate de la televisión local José Enrique Crousillat, empresario que entregó, a cambio de varios millones de dólares, la línea periodística de América Televisión al asesor Vladimiro Montesino Torres, secuaz de Alberto Fujimori en la captura del aparato de poder.
El líder aprista parece haber timado a sus socios fujimoristas pues la concesión del indulto al anciano ex presidente hubiera deteriorado su imagen. Ese hecho, de haberse producido, hubiera manchado su presidencia como ningún otro escándalo pues hubiera implicado la excarcelación de un acreditado violador de derechos humanos. La trascendencia de la liberación de Fujimori, en pleno proceso electoral, hubiera reducido las posibilidades del Apra al favorecer al cabecilla de la red de corrupción más grande de nuestra historia republicana.
Los motivos que consideró García para no mover sus influencias en el Poder Judicial no fueron pocos ni desdeñables, institución plagada de magistrados cercanos al partido de la estrella, entre los que destaca César Vega Vega, presidente de la Corte Superior de Lima y varios vocales de la Suprema.
Además al mismo Poder Judicial le convenía condenar a Fujimori para revertir la mala imagen que tiene en la ciudadanía. Por lo general dicho poder era sindicado como el más corrupto, ineficiente, burocrático e injusto de todos. Pero ahora las cosas parecen haber cambiado tras hacer públicas las audiencias de los procesos del ex mandatario (fueron transmitidas por canales de señal abierta y de cable).
Asi pues, Alan García y el Poder Judicial han sido los grandes beneficiados luego de confirmarse la sentencia que aplicó la Corte Suprema en primera instancia, mediante la cual se impuso una pena de 25 años de cárcel a Fujimori sin posibilidad de indulto porque sus delitos fueron calificados de lesa humanidad.
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