La desaparición del Consejo Nacional de la Magistratura

La desaparición del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), y no su reforma, es lo que corresponde luego de irregularidades detectadas durante el proceso de selección de jueces y fiscales supremos. No tiene caso realizar modificaciones para "mejorar" la elección de los integrantes del CNM porque volvería a ser conformado por representantes inadecuados.

Una de las principales razones para desactivar el CNM es que no todos sus miembros son abogados (dos son elegidos por universidades públicas y privadas, y otros dos por colegios profesionales), lo cual impide que este órgano pueda evaluar por igual a los postulantes al Poder Judicial o al Ministerio Público. En la actualidad hay un médico, un ingeniero agrónomo y un biólogo en el Consejo. Esto quiere decir que tres consejeros no tienen vinculación con la carrera de derecho (el CNM está conformado por siete miembros).

La ley no prohibe que otros profesionales puedan ingresar al Consejo. Sin embargo, un elemento esencial es que los consejeros, como evaluadores, no sólo conozcan las leyes, sino la práctica efectiva del derecho. No bastaría que las entidades mencionadas en el párrafor anterior designen a abogados pues no garantizaría su idoneidad. El motivo para descartar esta posibilidad es que los nombrados no lleguen a estar a la altura de los aspirantes a una plaza en la magistratura. Es decir, que no posean las cualidades necesarias para acceder al Poder Judicial o a la Fiscalía.

Lo ideal sería que jueces y fiscales de carrera examinen a los postulantes que se presentan al concurso. Esa sería la mejor forma de analizar la trayectoria, la experiencia y los méritos académicos de los futuros integrantes del aparato judicial. Nadie mejor que un juez o fiscal experimentado para saber lo que necesita su institución en lo que a calidades profesionales se refiere. De ahí que personas ajenas al quehacer jurisdiccional no estén en condiciones de seleccionar a nuestros magistrados.

Ahora bien, el Poder Judicial y la Fiscalía podrían encargarse de la primera etapa de los concursos que convoquen para renovarse, esto es, la que comprende la recepción de currículos y el cumplimiento de otros requisitos (verificar la colegiatura del candidato, revisar si presenta antecedentes penales, observar si no tiene impedimentos para postular, etc.) Además, estas instituciones se abocarían a elaborar las pruebas por separado, las que deberían ser objetivas para eliminar la subjetividad en el proceso (con opciones múltipes).

Una vez que los aspirantes hayan aprobado el examen de manera satisfactoria serían elegidos por las comunidades en las que prestarían servicios (mediante voto popular). Esto demanda una transformación integral de nuestro sistema de justicia -ya que escapa de la mera selección de magistrados- pues instituiría el primer peldaño del sistema: los juzgados o fiscalías de distrito.

Ninguna reforma puede mejorar al CNM. La otra alternativa sería que el Ejecutivo y el Congreso participen en el nombramiento de sus consejeros como ocurre en el caso del Tribunal Constitucional, otro órgano supuestamente autónomo de los poderes públicos (de la política). El CNM no está libre de injerencias como hemos visto en las últimas semanas pues un consejero fue acusado de recibir favores económicos de un fiscal adjunto para beneficiarlo en el examen que fue anulado.

En estos días hemos sido testigos de la ineptitud de sus integrantes pues encomendaron sus funciones a una Comisión de Selección y Nombramiento cuyos miembros permanecieron en el anonimato hasta hace poco. Los integrantes de esta Comisión fueron ex jueces, ex fiscales y destacados juristas que litigan habitualmente en el Poder Judicial, lo cual constituye un claro conflicto de intereses ya que pueden haber descalificado a algunos candidatos con los que rivalizaron en los tribunales.

Uno de los evaluadores de la Comisión, William Ospina Salazar, "fue fiscal entre 1997 y 1999, pero fue destituido y denunciado penalmente por haber falsificado documentos", según refiere el diario 'El Comercio'. Quien advirtió las irregularidades del proceso de selección del CNM fue el fiscal adjunto supremo Avelino Guillén, este alto funcionario reveló que fue desaprobado en el examen escrito por presiones de un dirigente del Apra. Su descalificación sorprende pues le tocó analizar el caso Alberto Kouri-Vladimiro Montesinos, el que conocía a la perfección pues elaboró la acusación penal y logró condenar a los involucrados.

El CNM sólo añade más burocracia y poca transparencia a un proceso que debería ser público. Por ello es necesario que la población participe en la elección de los funcionarios que impartirán justicia en sus circunscripciones. Este nuevo sistema tiene varias ventajas pues la inclusión de la ciudadanía le otorgaría transparencia al concurso (hoy en día no tiene ninguna por ser secreto). De este modo los vecinos de un distrito cualquiera sabrían quien es el responsable de aplicar la ley en su zona.

La legitimidad del juez y del fiscal en la sociedad estaría asegurada si los ciudadanos se involucran directamente en sus designaciones. Esto vincularía a los peruanos con las autoridades jurisdiccionales (en la actualidad se sienten al margen de lo que ocurre dentro de nuestras instituciones). El empoderamiento sería real con esta medida ya que las personas tendrían la posibilidad de designar a los magistrados con su voto, previa campaña en la que los candidatos exhiban sus hojas de vida y debatan entre sí sobre cuestiones jurídicas y procesales.

De esta manera se fomentaría la compentencia de los participantes que superaron las pruebas de conocimiento legal. El siguente paso sería introducir la figura anglosajona del sistema de jurados para que la población juzgue los casos según sus valores, pero bajo la dirección de un juez que le indique claramente sus atribuciones y deberes.

Asi como la población tendría la prerrogativa elegir a sus magistrados, podría cesarlos si demuestran incompetencia, lo cual los obligaría a mantener un buen desempeño durante el ejercicio de sus funciones. Esto acabaría con los jueces prevaricadores, corruptos y poco versados en derecho. El magistrado ya no estaría sometido a presiones externas o internas pues su permanencia dependería de la ciudadanía.

La carrera judicial empezaría con los jueces y fiscales de distrito avalados con el voto popular. De acuerdo a la calidad de sus intervenciones los jueces y fiscales ascenderían a las siguentes instancias jurisdiccionales. De este modo comenzaríamos a tener magistrados profesionales y titulares, en lugar de los suplentes que abundan en el Poder Judicial, quienes se sienten inseguros en sus cargos. Según cifras dadas a conocer por el presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, el 56% de jueces son provisionales en el país.

Otro aspecto positivo de la propuesta es que reduciría la pesada carga judicial que afecta al Poder Judicial (su segundo mayor problema junto con la corrupción). Con el tiempo este poder del Estado dejaría de ser una entidad paquidérmica pues habría una verdadera descentralización de la justicia. Los mecanismos de conciliación judicial y extrajudicial serían impulsados en esta instancia (juzgados de distrito) para evitar la dilación innecesaria de los procesos.