Alan García y América Televisión

(Caricatura de Carlín en La República)

El indulto del presidente Alan García al ex broadcaster José Enrique Crousillat no fue concedido por razones humanitarias, sino más bien un canje por el cual debía denunciar al ex mandatario Alejandro Toledo por el traspaso de América Televisión. García no buscaría tomar la principal emisora de señal abierta -como temen algunos periodistas y directivos de esa casa televisora-, sino tener un motivo para iniciar una investigación sobre la participación de Toledo en el asunto.

Los apristas temen que Toledo se perfile en las encuestas, y más ahora que Lourdes Flores, la lideresa del PPC, ha decido competir por la comuna limeña. Ante la posibilidad de que el peruposibilismo retorne a la presidencia, el Apra ha activado todas las alarmas pues esa agrupación auditaría la cuestionable gestión de García.

El Apra debe cuidarse las espaldas pues el escándalo de los 'petroaudios' tiene muchas ramificaciones que no han sido investigadas del todo, es decir, anda en pos de la impunidad que le brindaría el eventual gobierno del actual burgomaestre capitalino Luis Castañeda Lossio o la congresista Keiko Sofía Fujimori, personajes con los que mantiene alianzas políticas.

No es sostenible la hipótesis de la captura de América Televisión por parte del indultado Crousullat con ayuda del Apra (en el Poder Judicial) porque la Junta de Acreedores fue legalmente constituida. En otras palabras, las acreencias fueron reconocidas por la empresa deudora (en ese momento la administración estuvo a cargo de la hijas de Crousillat) bajo la supervisión de Indecopi (Instituto de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual).

Queda descartada cualquier irregularidad en el proceso que se inició con la declaración de la insolvencia de América Televisión. Los Crousillat perdieron el control de la televisora cuando ésta pasó a manos de sus acreedores. Posteriormente sus participaciones minoritarias (2.9%) fueron licuadas al no realizar aportes de capital, los cuales fueron exigidos por la junta de acreedores para reflotar la empresa.

En el supuesto negado que el Apra respalde la fraudulenta denuncia tendría que intervenir el Poder Judicial y el Ministerio Público para que el corrupto empresario retome la estación. En otras palabras, subvertir la independencia de poderes con el propósito de remover a la junta que lleva las riendas de Canal 4. Esto erosionaría nuestra seguridad jurídica pues habrían pocas garantías para la inversión.

Además se sumarían protestas de medios locales y de organizaciones internacionales de prensa que solicitarían la restitución inmediata de Plural TV, grupo que administra América Televisión. Las denuncias arrinconarían al gobierno y pondrían en riesgo la vigencia de acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea ya que ambos demandarían el respeto de las libertades, especialmente las de la libertad de empresa y de expresión.

Lo que hemos visto en últimos días tras la aparición de un audio en el que Eugenio Bertini, ex director gerente del banco Wiese Sudameris (ahora Scotiabank), señala que el ex presidente Toledo lo citó en tres oportunidades para tratar el tema de América Televisión, llegando incluso a deslizar la posibilidad de cancelar la banda electromagnética del canal por estar en poder de los Crousillat, le ha proporcionado suficiente artillería al Apra para plantear una acusación constitucional contra Toledo por intervenir en la negociación entre dos privados (entre un deudor y su acreedor).

El partido de gobierno contaría con los votos para conseguir la inhabilitación de Toledo porque sumaría al bloque fujimorista y a algunos congresistas advenedizos (no se descarta que otras agrupaciones rivales suscriban la acusación). Al respecto, el cuestionado ministro de Justicia Aurelio Pastor expresó ayer que "(...) el Gobierno ha escuchado con absoluta preocupación la posibilidad de que durante el gobierno del ex presidente Toledo se haya tratado de influenciar de una manera indebida para lograr la transferencia de un canal de televisión y exige una inmediata investigación por parte del Congreso y el Ministerio Público".

Hace pocas horas el ministro Pastor afirmó que no propondrá la formación de una comisión investigadora que revise la transferencia de las acreencias de América Televisión. Esperemos que el plan del gobierno no prospere en aras de mantener la independencia nuestras instituciones y la confianza en la democracia.