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¿Por qué todo aquel que protesta automaticamente se convierte en bueno y su causa en justa y los que opinan lo contrario son malos por defecto?
El paro de los mineros informales dista mucho de ser justo por las condiciones en las que trababajan. El desarrollo de sus actividades comprende la explotación infantil -el trabajo de menores-, el fomento de la prostitución de niñas, el ilegal tráfico de madera (en Madre de Dios), la manipulación de armas de fuego sin licencia, la posesión de dinamita sin autorización, la evasión tributaria, el desconcimiento de los derechos laborales de los mineros y la contaminación del entorno donde operan.
Hay mucha desinformación de por medio ya que no podemos creer que los patrones informales trabajan exclusivamente para comer, es decir, que se dedican a la minería para subsistir cuando en realidad generan rentas a costa de la explotación de sus trabajadores y de la depredación del ambiente. Quienes controlan los yacimientos informales son parecidos a los barones del caucho que diezmaron y esclavizaron a las tribus nativas de la Amazonía a fines del siglo XIX y principios del XX porque extraen recursos fuera de toda supervisión estatal.
Por si fuera poco, los minerales que comercializan son propiedad de todos los peruanos, pero ellos han aprovechado el desinterés gubernamental de cuatro décadas para incrementar sus operaciones y consolidarse en zonas donde el principio de autoridad brilla por su ausencia. Sin duda el Estado es responsable del desborde de la situación pues no cortó de raíz una serie de prácticas que han causado graves daños a la biodiversidad. Se calcula que han desaparecido más de 18.000 hectáreas de bosques y que otras 400.000 se encontrarían en peligro, según el ministro de Ambiente Antonio Brack Egg.
Las condiciones laborales a las que nos referimos en párrafos anteriores implica que muchos mineros realizan sus labores de manera insalubre pues entran en contacto con el mercurio y otros compuestos químicos que manipulan sin mayor protección. Por ello enferman rápidamente. El Ministerio de Trabajo ha detectado la presencia de menores en los centros mineros informales, lo cual está prohibido por diversas convenciones internacionales.
La intención de formalizar y poner límites a la actividad minera informal es saludable, pero debió contar con una debida campaña informativa para alertar a la población de los peligros que representa, esto es, para generar la simpatía de la ciudadanía y que ésta no se vea sorprendida por los alegatos los informales, quienes afirman ser víctimas de la represión estatal y que pretenden desplazarlos para entregar sus proyectos a grandes empresas, lo cual es falso pues los vólumenes de oro que extraen, el principal mineral explotado, no generan suficiente rentabilidad para la gran minería.
La trata de personas ha sido confirmada en 'prostibares' de Madre de Dios. De ahí que sea prioritario ejercer la autoridad y aplicar todo el peso de la ley a los infractores. Sin embargo, las acciones del gobierno parecen apresuradas y dejan en el limbo a miles de trabajadores que dependen de la minería informal. Mientras se lleve a cabo la reorganización del sector el Ejecutivo debería subsidiar los ingresos de los mineros, capacitarlos en otras labores y posiblemente reubicarlos ya que muchos son migrantes.
El bloqueo en un tramo de la Panamericana Sur en Arequipa y la destrucción de propiedad privada atribuida a los mineros informales no se justifica bajo ningún punto de vista. Ese tipo de radicalización no conduce a ninguna parte como tampoco el empleo de municiones en el intento de desalojo de la Policía pues produce bajas civiles (las fuerzas del orden debieron usar balas de goma). El uso de fuerza excesiva sólo ayuda a la causa de las mafias que controlan la actividad minera informal pues tras el operativo sostienen que la intervención fue brutal y desmedida.
Varios han dejado de ser mineros artesanales para convertirse en explotadores de recursos naturales de tamaño mediano. A estos últimos se les combate para reducir los impactos de su actividad. Su operación debe fiscalizarse, y más en lugares donde existe mucha biodiversidad. Estos se valen de la miseria de los mineros para pagar salarios muy bajos y contratan a menores para reducir sus costos operativos. Para alejar al Estado promueven ataques contra dependencias públicas y azuzan a la población difundiendo mentiras. El objetivo de los informales es actuar con total impunidad -como ahora- como los cárteles del narcotráfico y Sendero Luminoso en el VRAE (Valle de los ríos Apurimac y Ene).
Las cosas no pueden dejarse como están alegando que la minería formal, sobre todo la mediana, contamina o que hay prostitución de menores en otras partes pues hay niños que trabajan en condiciones lamentables. Si el gobierno aprista ha decidido tomar cartas en el asunto es con el propósito de mejorar su imagen en el exterior pues debe mostrar avances en materia ambiental. El caso de la minería informal se presta para exhibir logros en ese sentido ya que la Unión Europea exige la reducción de la deforestación en nuestros bosques. El gobierno se vale de la explotación infantil, de la contaminación, de la insalubridad y de la depredación para justificar la promulgación del Decreto de Urgencia 012-2010 y una serie de medidas de emergencia para hacer "algo" por el medio ambiente
Al presidente García no le interesa la precaria situación de los trabajadores mineros ni la prostitución infantil pues hubiera actuado en su primer gobierno o a inicios de su segundo periodo. Lo que verdaderamente le preocupa es congraciarse con los representantes comerciales de la UE para cerrar de una vez el acuerdo el bloque económico. La preservación de áreas naturales forma parte de las negociaciones que sostenemos con los europeos, de ahí que la erradicación de la minería informal encaje perfectamente con el "golpe" que el gobierno necesita para cerrar el trato.
Otra razón para intervenir es recuperar el control de una región que se encuentra en manos de mafias bien organizadas. La soberanía podría estar en riesgo dentro de algunos años si permitimos que los mineros informales se consoliden. Estos podrían demandar la escisión territorial e imponer sus reglas como lo vienen haciendo. Al poseer armas de fuego y tener poder económico resulta lógico pensar que traten de resistir cualquier intervención gubernamental como un cartel del narcotráfico.
Este caso es muy distinto al de Bagua, a pesar de que algunos le buscan similitudes o al Arequipazo de hace unos años, ya que en el primero el gobierno atropelló los derechos de los nativos (el derecho a la consulta previa establecido en el Convenio Nº 169 de la OIT). Otra diferencia es que en esta ocasión se enfrenta a una organización criminal que se victimiza y convierte el asunto en una virtual lucha de clases (los "pobres" mineros versus el Estado opresor que pretende despojarlos).
El paro de los mineros informales dista mucho de ser justo por las condiciones en las que trababajan. El desarrollo de sus actividades comprende la explotación infantil -el trabajo de menores-, el fomento de la prostitución de niñas, el ilegal tráfico de madera (en Madre de Dios), la manipulación de armas de fuego sin licencia, la posesión de dinamita sin autorización, la evasión tributaria, el desconcimiento de los derechos laborales de los mineros y la contaminación del entorno donde operan.
Hay mucha desinformación de por medio ya que no podemos creer que los patrones informales trabajan exclusivamente para comer, es decir, que se dedican a la minería para subsistir cuando en realidad generan rentas a costa de la explotación de sus trabajadores y de la depredación del ambiente. Quienes controlan los yacimientos informales son parecidos a los barones del caucho que diezmaron y esclavizaron a las tribus nativas de la Amazonía a fines del siglo XIX y principios del XX porque extraen recursos fuera de toda supervisión estatal.
Por si fuera poco, los minerales que comercializan son propiedad de todos los peruanos, pero ellos han aprovechado el desinterés gubernamental de cuatro décadas para incrementar sus operaciones y consolidarse en zonas donde el principio de autoridad brilla por su ausencia. Sin duda el Estado es responsable del desborde de la situación pues no cortó de raíz una serie de prácticas que han causado graves daños a la biodiversidad. Se calcula que han desaparecido más de 18.000 hectáreas de bosques y que otras 400.000 se encontrarían en peligro, según el ministro de Ambiente Antonio Brack Egg.
Las condiciones laborales a las que nos referimos en párrafos anteriores implica que muchos mineros realizan sus labores de manera insalubre pues entran en contacto con el mercurio y otros compuestos químicos que manipulan sin mayor protección. Por ello enferman rápidamente. El Ministerio de Trabajo ha detectado la presencia de menores en los centros mineros informales, lo cual está prohibido por diversas convenciones internacionales.
La intención de formalizar y poner límites a la actividad minera informal es saludable, pero debió contar con una debida campaña informativa para alertar a la población de los peligros que representa, esto es, para generar la simpatía de la ciudadanía y que ésta no se vea sorprendida por los alegatos los informales, quienes afirman ser víctimas de la represión estatal y que pretenden desplazarlos para entregar sus proyectos a grandes empresas, lo cual es falso pues los vólumenes de oro que extraen, el principal mineral explotado, no generan suficiente rentabilidad para la gran minería.
La trata de personas ha sido confirmada en 'prostibares' de Madre de Dios. De ahí que sea prioritario ejercer la autoridad y aplicar todo el peso de la ley a los infractores. Sin embargo, las acciones del gobierno parecen apresuradas y dejan en el limbo a miles de trabajadores que dependen de la minería informal. Mientras se lleve a cabo la reorganización del sector el Ejecutivo debería subsidiar los ingresos de los mineros, capacitarlos en otras labores y posiblemente reubicarlos ya que muchos son migrantes.
El bloqueo en un tramo de la Panamericana Sur en Arequipa y la destrucción de propiedad privada atribuida a los mineros informales no se justifica bajo ningún punto de vista. Ese tipo de radicalización no conduce a ninguna parte como tampoco el empleo de municiones en el intento de desalojo de la Policía pues produce bajas civiles (las fuerzas del orden debieron usar balas de goma). El uso de fuerza excesiva sólo ayuda a la causa de las mafias que controlan la actividad minera informal pues tras el operativo sostienen que la intervención fue brutal y desmedida.
Varios han dejado de ser mineros artesanales para convertirse en explotadores de recursos naturales de tamaño mediano. A estos últimos se les combate para reducir los impactos de su actividad. Su operación debe fiscalizarse, y más en lugares donde existe mucha biodiversidad. Estos se valen de la miseria de los mineros para pagar salarios muy bajos y contratan a menores para reducir sus costos operativos. Para alejar al Estado promueven ataques contra dependencias públicas y azuzan a la población difundiendo mentiras. El objetivo de los informales es actuar con total impunidad -como ahora- como los cárteles del narcotráfico y Sendero Luminoso en el VRAE (Valle de los ríos Apurimac y Ene).
Las cosas no pueden dejarse como están alegando que la minería formal, sobre todo la mediana, contamina o que hay prostitución de menores en otras partes pues hay niños que trabajan en condiciones lamentables. Si el gobierno aprista ha decidido tomar cartas en el asunto es con el propósito de mejorar su imagen en el exterior pues debe mostrar avances en materia ambiental. El caso de la minería informal se presta para exhibir logros en ese sentido ya que la Unión Europea exige la reducción de la deforestación en nuestros bosques. El gobierno se vale de la explotación infantil, de la contaminación, de la insalubridad y de la depredación para justificar la promulgación del Decreto de Urgencia 012-2010 y una serie de medidas de emergencia para hacer "algo" por el medio ambiente
Al presidente García no le interesa la precaria situación de los trabajadores mineros ni la prostitución infantil pues hubiera actuado en su primer gobierno o a inicios de su segundo periodo. Lo que verdaderamente le preocupa es congraciarse con los representantes comerciales de la UE para cerrar de una vez el acuerdo el bloque económico. La preservación de áreas naturales forma parte de las negociaciones que sostenemos con los europeos, de ahí que la erradicación de la minería informal encaje perfectamente con el "golpe" que el gobierno necesita para cerrar el trato.
Otra razón para intervenir es recuperar el control de una región que se encuentra en manos de mafias bien organizadas. La soberanía podría estar en riesgo dentro de algunos años si permitimos que los mineros informales se consoliden. Estos podrían demandar la escisión territorial e imponer sus reglas como lo vienen haciendo. Al poseer armas de fuego y tener poder económico resulta lógico pensar que traten de resistir cualquier intervención gubernamental como un cartel del narcotráfico.
Este caso es muy distinto al de Bagua, a pesar de que algunos le buscan similitudes o al Arequipazo de hace unos años, ya que en el primero el gobierno atropelló los derechos de los nativos (el derecho a la consulta previa establecido en el Convenio Nº 169 de la OIT). Otra diferencia es que en esta ocasión se enfrenta a una organización criminal que se victimiza y convierte el asunto en una virtual lucha de clases (los "pobres" mineros versus el Estado opresor que pretende despojarlos).
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