Poder Judicial liberará a Rómulo León Alegría

El Poder Judicial deja la puerta abierta para la inminente excarcelación de Rómulo León Alegría y demás implicados en el caso de los 'petroaudios'

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Por César Reyna

Después de 15 meses de retrasos injustificados e "investigaciones", el juez Jorge Barreto, titular del Tercer Juzgado Anticorrupción, declaró, como se temía, la invalidez de los 'petroaudios' por violar la intimidad de los personajes que integraban una vasta red de tráfico de influencias. La decisión del magistrado era esperada pues las altas esferas no deseaban que el proceso concluyera con la sanción de los involucrados. Para el Ejecutivo los procesados debían ser absueltos ya que protegen a importantes personalidades del Gobierno.

Si León Alegría, ex ministro aprista, y Alberto Quimper, abogado del primer mandatario, fueron inicialmente procesados, fue gracias a la presión de algunos medios y sectores de la sociedad civil, sin descontar la de Petrotech y el Estudio Benites, De las Casas, Forno & Ugaz (representante legal de la primera), lobbie interesado en hacer caer a la mafia que ayudó a ganar licitaciones petroleras a su rival Discover Petroleum.



Tanto León Alegría como Quimper, y otros involucrados, serán favorecidos por no haber acusado a sus contactos políticos. El haber soportado el asedio mediático y el encarcelamiento será finalmente recompensado con la libertad. Esto deja muy mal parado al Poder Judicial, entidad que busca mejorar su imagen tras haber condenado al ex presidente Alberto Fujimori a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad. La confirmación de la sentencia contra el ex jefe de Estado puede ser opacada de algún modo por la anulación de los citados audios como medios probatorios.



La eventual liberación de León Alegría y compañía, además de mostrar un Poder Judicial incapaz de procesar delitos sobradamente probados, pone de manifiesto, una vez más, que las decisiones jurisdiccionales se toman fuera de las cortes; es decir, pone en evidencia la intervención de un poder del Estado sobre el otro, en este caso, el del Ejecutivo sobre el Judicial.



Bajo un argumento similar Vladimiro Montesinos podría solicitar la anulación de sus sentencias ya que su responsabilidad fue probada mediante videos que fueron sustraídos de su despacho y domicilio. El secuaz del popular 'chino' podría esgrimir que su privacidad fue "violada" cuando se exhibieron las conversaciones y arreglos que mantenía con políticos, funcionarios, militares, empresarios televisivos, etc.



Ser testigos de la podredumbre que envuelve a nuestras intituciones y autoridades debería hacernos reflexionar para demandar cambios urgentes. La reforma del Estado no puede postergarse a menos que queramos que las cosas sigan oliendo mal por todos lados como hasta ahora.