En las últimas semanas se desató una polémica a nivel nacional por la exportación y el precio del gas. El recurso en cuestión pertenece al Estado antes de ser explotado, es decir, antes de tener valor comercial. Pero una vez extraído pasa a ser propiedad del empresario que crea la infraestructura necesaria para su procesamiento y distribución y lo vende en el mercado. La pérdida de la propiedad del gas se compensa mediante el cobro de regalías sobre las ventas. De otro modo el recurso permanecería bajo la superficie sin generar ningún provecho para nuestra economía. Con las regalías obtenidas el Estado puede financiar diversos programas e incrementar su capacidad de gasto social, así como redistruir la renta entre las provincias menos desarrolladas.
Ahora bien, hecha esta aclaración sobre la propiedad del gas, conviene aclarar que en este espacio estamos a favor de que se priorice el abastecimiento del mercado interno y exportar el excedente a precios competitivos. Esto ultimo, claro está, depende de los precios que rigen en los mercados internacionales. Primero se debe asegurar el suministro para nuestra industria, el sector eléctrico y el de transportes para contar con una fuente estable de energía. Esto permitirá la sustitución de nuestras importaciones de combustibles (básicamente de petroléo) y generar ahorros significativos que harán más competitiva a nuestra economía.
Otro aspecto importante es que al aprovechar el gas nuestra matriz energética se diversifica, lo cual reduce el impacto de la elevación del precio del barril de petróleo. A la larga nuestra dependencia de fuentes externas irá reduciéndose si la exploración y explotación de nuevos lotes continúa. El beneficio es apreciable ya que no solo aseguramos el suministro de energía, sino cierta estabilidad en los precios pues el gas del lote 88 de Camisea se encuentra regulado y está destinado al mercado nacional. Durante 5 años los yacimientos del lote 88 no serán usados para la exportación (esto debe modificarse para que su suministro sea de por vida).
La exportación del gas, en medio del desabastecimiento local, ha generado mucha controversia y ataques de toda índole. Si bien la falta del recurso en plantas y estaciones de servicio se debió a factores climáticos, la exportación se justifica porque en su momento el proyecto necesitaba generar masa crítica (demanda) para ser rentable. Es por eso que se pensó en exportar pues el mercado local no había sido preparado para su consumo. Sin esa exigencia hoy en día hubiera sido muy difícil que se concretara la fase constructiva.
Exportar no significa no recibir nada a cambio pues ingresan regalías por dicha actividad. La razón de ser de cobrar regalías a la exportación se sustenta en que el Estado percibe divisas del exterior. La que no tiene lógica en cambio es la regalía interna que pagan diversos sectores por millón de BTU (unidades térmicas británicas). La explicación es muy simple -llama poderosamente la atención que el Gobierno y las organizaciones empresariales no cuestionaran su cobro- pues las regalías se incluyen en el precio final que paga el consumidor. En el caso de la exportación se justifica porque se generan más ingresos para el Estado (para que luego los pueda redistribuir), pero en el caso de la regalía interna nadie gana. En lugar de profundizar su consumo lo que se logra es encarecer el recurso y restar competitivad y capacidad de ahorro a los peruanos.
No se entiende bien cómo el Estado desea promover el uso del gas a nivel local si establece regalías internas. De por sí constituye un despropósito para la política ambiental pues el cobro de regalías dificulta la sustitición del petróleo que es mucho más contaminante que el gas. Aun cuando el precio del gas sea menor al del petróleo (se ha desplomado en los mercados internacionales), la aplicación de regalías internas encarece los costos de los transportistas, industriales y generadores eléctricos, lo cual se traduce en la elevación de pasajes, productos y tarifas.
El resultado de esta sin razón es que nuestra economía se vuelve menos competitiva cuando el precio de la energía es elevado. Esto es el equivalente al pago de un impuesto que reduce la capacidad de consumo (afecta la demanda interna) y la competitividad de nuestras empresas. Si el consumidor debe pagar más por un boleto de autobus o en su recibo de electricidad tendrá menos dinero para comprar otros bienes. En el caso de las empresas el efecto puede ser mayor ya que algunas sacrificarían sus márgenes de ganancia (no trasladarían sus costos a sus clientes) para mantenerse en el mercado, lo que a la larga afecta sus planes de crecimiento e inversión.
En la actualidad el promedio de la regalía interna es de US$ 0,59 por millón de BTU. En boca de pozo del lote 88 el gas doméstico paga US$ 0, 80, el gas para las eléctricas US$ 1,47 y para los industriales US$ 2,50. Si la regalía interna es eliminada ya no generaría críticas cuando sea mayor a la que paga el exportador (US$ 0,59 US$ 0,27). No hay que establecer un piso para prevenir las fluctuaciones, como propone el ministro de Energía y Minas, sino suprimir definitivamente su cobro para no perjudicar a la economía.
Ahora bien, hecha esta aclaración sobre la propiedad del gas, conviene aclarar que en este espacio estamos a favor de que se priorice el abastecimiento del mercado interno y exportar el excedente a precios competitivos. Esto ultimo, claro está, depende de los precios que rigen en los mercados internacionales. Primero se debe asegurar el suministro para nuestra industria, el sector eléctrico y el de transportes para contar con una fuente estable de energía. Esto permitirá la sustitución de nuestras importaciones de combustibles (básicamente de petroléo) y generar ahorros significativos que harán más competitiva a nuestra economía.
Otro aspecto importante es que al aprovechar el gas nuestra matriz energética se diversifica, lo cual reduce el impacto de la elevación del precio del barril de petróleo. A la larga nuestra dependencia de fuentes externas irá reduciéndose si la exploración y explotación de nuevos lotes continúa. El beneficio es apreciable ya que no solo aseguramos el suministro de energía, sino cierta estabilidad en los precios pues el gas del lote 88 de Camisea se encuentra regulado y está destinado al mercado nacional. Durante 5 años los yacimientos del lote 88 no serán usados para la exportación (esto debe modificarse para que su suministro sea de por vida).
La exportación del gas, en medio del desabastecimiento local, ha generado mucha controversia y ataques de toda índole. Si bien la falta del recurso en plantas y estaciones de servicio se debió a factores climáticos, la exportación se justifica porque en su momento el proyecto necesitaba generar masa crítica (demanda) para ser rentable. Es por eso que se pensó en exportar pues el mercado local no había sido preparado para su consumo. Sin esa exigencia hoy en día hubiera sido muy difícil que se concretara la fase constructiva.
Exportar no significa no recibir nada a cambio pues ingresan regalías por dicha actividad. La razón de ser de cobrar regalías a la exportación se sustenta en que el Estado percibe divisas del exterior. La que no tiene lógica en cambio es la regalía interna que pagan diversos sectores por millón de BTU (unidades térmicas británicas). La explicación es muy simple -llama poderosamente la atención que el Gobierno y las organizaciones empresariales no cuestionaran su cobro- pues las regalías se incluyen en el precio final que paga el consumidor. En el caso de la exportación se justifica porque se generan más ingresos para el Estado (para que luego los pueda redistribuir), pero en el caso de la regalía interna nadie gana. En lugar de profundizar su consumo lo que se logra es encarecer el recurso y restar competitivad y capacidad de ahorro a los peruanos.
No se entiende bien cómo el Estado desea promover el uso del gas a nivel local si establece regalías internas. De por sí constituye un despropósito para la política ambiental pues el cobro de regalías dificulta la sustitición del petróleo que es mucho más contaminante que el gas. Aun cuando el precio del gas sea menor al del petróleo (se ha desplomado en los mercados internacionales), la aplicación de regalías internas encarece los costos de los transportistas, industriales y generadores eléctricos, lo cual se traduce en la elevación de pasajes, productos y tarifas.
El resultado de esta sin razón es que nuestra economía se vuelve menos competitiva cuando el precio de la energía es elevado. Esto es el equivalente al pago de un impuesto que reduce la capacidad de consumo (afecta la demanda interna) y la competitividad de nuestras empresas. Si el consumidor debe pagar más por un boleto de autobus o en su recibo de electricidad tendrá menos dinero para comprar otros bienes. En el caso de las empresas el efecto puede ser mayor ya que algunas sacrificarían sus márgenes de ganancia (no trasladarían sus costos a sus clientes) para mantenerse en el mercado, lo que a la larga afecta sus planes de crecimiento e inversión.
En la actualidad el promedio de la regalía interna es de US$ 0,59 por millón de BTU. En boca de pozo del lote 88 el gas doméstico paga US$ 0, 80, el gas para las eléctricas US$ 1,47 y para los industriales US$ 2,50. Si la regalía interna es eliminada ya no generaría críticas cuando sea mayor a la que paga el exportador (US$ 0,59 US$ 0,27). No hay que establecer un piso para prevenir las fluctuaciones, como propone el ministro de Energía y Minas, sino suprimir definitivamente su cobro para no perjudicar a la economía.
1 comentarios:
Tío, es verdad que tú le chupaste la pinga a Carlos Raffo?
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