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Alfredo Bullard, abogado, catedrático y socio principal del Estudio Bullard, Falla & Ezcurra, es la persona menos indicada para oponerse a la creación de un seguro contra negligencias médicas pues representa a una compañía que realiza servicios de diálisis en el país. Bullard tiene como cliente a Fresenius Medical Care del Perú, empresa que tiene una red de clínicas en diversas partes del mundo. Esta firma se especializa en tratar a miles de pacientes con insuficiencia renal crónica.
La crítica de Bullard, aparecida en Semana Económica, tiene como objetivo impedir, sin mayores argumentos, la propuesta congresal del seguro contra mala praxis médica ya que no desea que las operaciones de su patrocinado (Fresenius Medical Care del Perú) sean más costosas al tener que contratar un seguro para sus médicos o ser responsable de manera solidaria si son acusados de negligencias.
En el trasfondo de su oposición se halla un interés oculto ya que no advierte a sus lectores que asesora a este importante laboratorio. Desde el principio Bullard debió comunicar que defiende a una empresa (figura en el listado de sus clientes en la página web del Estudio Bullard, Falla & Ezcurra) que atiende pacientes con un problema crónico. El ocultamiento de este hecho nos hace sospechar de la objetividad de su crítica.
Por si fuera poco, la firma de abogados que encabeza es provee servicios legales a SEPS (Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud), organismo público encargado de autorizar, regular y supervisar a compañías prestadoras de salud como Fresenius Medical Care del Perú. A la fecha (febrero de 2010), Bullard figura como asesor legal de SEPS. Esto consituye un evidente conflicto de intereses pues ofrece servicios a la entidad que regula las actividades de empresas de salud y representa a una firma privada supervisada por la primera. En otro país Bullard sería sancionado por ofrecer asesorías paralelas y perdería la licencia para ejercer la profesión.
Ahora bien, luego de revelar las intenciones secretas de Bullard, nos concentraremos en desbaratar cada uno de los argumentos esgrimidos en contra del mal llamado SOAT Médico.
Para empezar, no está mal obligar a los profesionales de la salud a contratar un seguro. ¿Qué de malo hay en ofrecer mayor seguridad a la población? Ninguno. No hay ninguno. Porque el establecimiento de un seguro obliga a los médicos a ser más cuidadosos. Es decir, no querrán pagar una prima mayor (incrementada por la gravedad y frecuencia de sus negligencias) ni perder pacientes (ingresos) por el peligro que represetan en el quirófano.
Bullard parece no entender que la salud es un bien fundamental por la que vale la pena pagar un poco más. Así los costos del seguro se trasladen al paciente (el médico lo incluirá en la tarifa que cobra en el caso de consultorios privados), la gente seguirá realizando esfuerzos supremos por procurarse una mejor atención. Sin salud no hay proyecto de vida posible. Por ello muchas personas se sacrifican, rematan sus bienes, piden dinero prestado, realizan colectas o acuden a los medios para salvar su vida o la de sus parientes.
El seguro que Bullard rechaza es un excelente mecanismo de mercado pues elimina la asimetría en la información permitiendo que los pacientes sepan si el galeno consultado es bueno fijándose en su récord de atenciones (los médicos que cobren tarifas más altas, dentro de la misma especialidad, serán aquellos con un historial repleto de negligencias). El seguro también posibilitará las reparaciones económicas cuando un médico perjudique a sus pacientes. Esto es positivo pues incentivara a los médicos a seguir los protocolos establecidos y a estrechar la relación médico-paciente.
Lo que se busca es que mejore la calidad del servicio, y para ello no hay mejor dispositivo que la implementación del seguro contra negligencias médicas. En la actualidad las malas prácticas médicas no son sancionadas a menos que sean denunciadas en los medios. El cambio en el personal sanitario será inmediato pues les obligará a ser más profesionales. Esto repercutirá en la calidad de la atención ya que el mayor cuidado que observarán (al diagnosticar o curar una enfermedad) reducirá el número de negligencias.
El enfoque de Bullard se concentra exclusivamente en los costos médicos en lugar de resaltar la mejora de la calidad del servicio, que viene a ser lo esencial en el caso de la salud. Para este abogado el seguro es nocivo porque incrementará los costos de atención médica. A diferencia del SOAT vehicular, el seguro contra negligencias médicas no se basa en el principio de responsabilidad objetiva en el que la indemnización se paga independientemente de la culpa del conductor. Esto impide que la reparación se efectúe de manera automática pues el afectado debe acudir al Poder Judicial para demostrar la responsabilidad del médico tratante y exigir una indemnización.
La lentitud de la Justicia y los costos que genera un proceso (pago de honorarios de abogados, tasas judiciales, peritajes, etc.) representan perjuicios que, según Bullard, debemos evitar a toda costa. En otras palabras, Bullard nos dice que las cosas deben seguir como están hasta que mejoremos el Poder Judicial. Entonces los pacientes deben conformarse y quedarse de brazos cruzados porque el Estado no puede hacer nada al respecto. La indefensión frente la mala praxis médicas es lo que aconseja este letrado.
Nos llama mucho la atención que Bullard no sepa que las costas y costos de un proceso civil (de responsabilidad civil extracontractual) recaen integramente en el demandado una vez que se demuestra su culpa. Si el asunto ecónomico le resulta tan importante no debería preocuparse porque al final, si el demandante tiene la razón, recuperará lo invertido en la defensa de sus intereses. Además hay maneras, como ocurre en Estados Unidos, de diferir del pago de los servicios jurídicos ya que en el país del norte los abogados cobran un porcentaje de la indemnización. Así se garantiza que los demandantes tengan la posibilidad de contratar a buenos abogados (que no se priven de un buen patrocinio) y no realicen grandes desembolsos hasta que se emita la sentencia.
No hay que dejar de lado que algunas organizaciones (ONG) podrían estar interesadas en asumir la defensa de personas humildes (ya lo hacen en casos de violaciones de derechos humanos) para reclamar el pago de una justa reparación civil. Si las ONG no se dan abasto el Estado dispone de defensores de oficio -el Ministerio de Justicia planea mejorar este servicio- para que los peruanos de menores recursos puedan litigar sin afectar su presupuesto.
En lo que a tasas judiciales y otros gastos se refiere, las primeras podrían ser exoneradas y los segundos asumidos por el Estado durante el proceso. El Estado no perdería ni un solo centavo en caso el Poder Judicial acredite la responsabilidad del galeno.
Con el tiempo deberíamos contar con juzgados especializados (incluyendo un cuerpo de peritos médicos) que puedan resolver este tipo controversias. Mientras los tribunales de Justicia no evalúen adecuadamente el daño al proyecto de vida nuestra condición de sujetos de derecho estará en suspenso. No es posible que argumentos parcializados e insuficientes como los del Sr. Bullard ganen terreno en esta lucha.
