Perú rumbo al narcoestado

Tras la implementación de 'El Plan Colombia' en los 90 se produjo un desplazamiento en el comercio de la cocaína. Por la marcha del citado programa hoy en día varios cárteles mexicanos controlan el tráfico de la droga hacia Estados Unidos, es decir, la rutas por las que ingresa el polvo blanco a occidente. La lucha emprendida contra las mafías y las guerrillas colombianas con asistencia y financiamiento norteamericano redujo la importancia de las organizaciones colombianas significativamente.

Este cambio ha tenido efectos en el Perú, segundo productor de la hoja de coca, principal insumo para la elaboración de la cocaína. Entre 1999 y 2008 el país registró un aumento de 45% en la producción de hoja de coca, lo que equivale a 56. 100 hectáreas cultivadas. Con estas cifras la fabricación potencial de cocaína sería de 302 toneladas, con las que se elaboraría el 36% de la producción mundial del estupefaciente.

A medida que crecen los cultivos de la hoja coca, de los que solo el 5% son consumidos legalmente (en rituales, hábitos de poblaciones quechuahablantes o como infusiones y otros productos), también crece el flujo de dinero que ingresa a nuestra economía. Esta situación favorece el lavado de dinero en actividades aparentemente legales como la construcción, el corretaje de inmuebles, y la formación de empresas.

Dado que los narcotraficantes no pueden utilizar el sistema bancario para blanquear su dinero por los rigurosos controles que existen, aprovechan el 'boom' del sector inmobiliario para invertir sus ganancias malhabidas, esto es, compran viviendas o realizan proteyectos comerciales en esa área para convertir sus dólares o euros en ladrillo y metros cuadrados. De ese modo se convierten en prósperos empresarios que dinamizan la economía, a la cual alimentan con dinero sucio.

Unos 3.000 millones de dólares se lavan anualmente sin que pueden ser detectados por nuestras autoridades. Esta cantidad supera los ingresos por remesas del exterior (2.200 millonesde US$) y a la inversión privada extranjera recibidad durante el 2009. Las facilidades que otorga nuestro país y su vigoroso crecimiento representan incentivos que los capos de la droga no pasan por alto al momento de invertir su dinero.

El Perú es considerado un paraíso para el lavado de activos porque el sistema no puede investigar las operaciones que se realizan en el sector inmobiliario. Con la llegada de capitales fraudulentos se incrementó exponencialmente la presencia de ciudadanos de otras nacionalidades. Los crímenes atribuidos a cárteles extranjeroso (ajustes de cuentas) aumentan año a año.

Durante el 2009 arribaron más de 60 mil mexicanos y 100 mil colombianos, y no precisamente por turismo o negocios. La alta cifra de extranjeros procedentes de México y Colombia se explica por motivos relacionados con el tráfico de drogas. Muchos de los foráneos permanecen de manera irregular el país pues no han su regularizado estatus migratorio.

En la sierra y la ceja de selva (el Alto Huallaga y los valles de los ríos Apurimac y Ene) enfrentamos a grupos fuertemente armados, entre los que destaca Sendero Luminoso, dedicado exclusivamente al narcotráfico y alejado de tareas de adoctrinamiento, que protegen las rutas de comercio y zonas donde se procesa la droga.

El peligro es convertirnos dentro de algunos años en un narcoestado, en otras palabras, en una nación donde la influencia de los traficantes ponga en riesgo la gobernabilidad y la prevalencia de nuestras instituciones, de por sí debilitadas por la falta de cohesión, objetivos y credibilidad. La amenaza es real conforme el dinero del narcotráfico vaya penetrando en nuestra economía. Con el tiempo tendremos a partidos o políticos asociados al crimen organizados, quienes representarían los intereses de los narcos.

Si el fenómeno no llega a corregirse tendremos más inseguridad en las calles y la corrupción anidará en nuestras instituciones por medio del dinero de los traficantes. Podríamos tener zonas y ciudades liberadas, es decir, entregadas al control de un cartel que haga imponga sus reglas y condiciones como ocurre en algunas urbes mexicanas.

Fuentes:


Dirección General de Migraciones y Naturalización (Digemin). Sus cifras
revelan que desde enero del 2009 hasta la fecha se han registrado -nada menos- 216,210 movimientos migratorios de ciudadanos colombianos en nuestro país. Esta institución precisó que se han registrado 64,092 movimientos migratorios de ciudadanos mexicanos durante el 2009.

Dirección de investigación Criminal (Dirincri). Ola de crímenes en Lima están relacionadas a las actividades de mafías colombianas.

Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). Detectó un preocupante aumento en la plantación de hoja de coca en Perú y Bolivia, y un descenso de 8% en Colombia en 2008 debido a la reducción de su cultivo. Colombia sigue siendo el principal productor mundial del alcaloide con un 48,3 por ciento de la superficie, la tierra dedicada a la coca cayó un 18 por ciento hasta las 81.000 hectáreas, según el órgano independiente dentro del sistema de la ONU. Esto dio como resultado que la cocaína potencial que se podría fabricar ha sufrido también una considerable merma del 28 por ciento, hasta las 470 toneladas.

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Paro minero: ¿paro santo?

¿Por qué todo aquel que protesta automaticamente se convierte en bueno y su causa en justa y los que opinan lo contrario son malos por defecto?

El paro de los mineros informales dista mucho de ser justo por las condiciones en las que trababajan. El desarrollo de sus actividades comprende la explotación infantil -el trabajo de menores-, el fomento de la prostitución de niñas, el ilegal tráfico de madera (en Madre de Dios), la manipulación de armas de fuego sin licencia, la posesión de dinamita sin autorización, la evasión tributaria, el desconcimiento de los derechos laborales de los mineros y la contaminación del entorno donde operan.

Hay mucha desinformación de por medio ya que no podemos creer que los patrones informales trabajan exclusivamente para comer, es decir, que se dedican a la minería para subsistir cuando en realidad generan rentas a costa de la explotación de sus trabajadores y de la depredación del ambiente. Quienes controlan los yacimientos informales son parecidos a los barones del caucho que diezmaron y esclavizaron a las tribus nativas de la Amazonía a fines del siglo XIX y principios del XX porque extraen recursos fuera de toda supervisión estatal.

Por si fuera poco, los minerales que comercializan son propiedad de todos los peruanos, pero ellos han aprovechado el desinterés gubernamental de cuatro décadas para incrementar sus operaciones y consolidarse en zonas donde el principio de autoridad brilla por su ausencia. Sin duda el Estado es responsable del desborde de la situación pues no cortó de raíz una serie de prácticas que han causado graves daños a la biodiversidad. Se calcula que han desaparecido más de 18.000 hectáreas de bosques y que otras 400.000 se encontrarían en peligro, según el ministro de Ambiente Antonio Brack Egg.

Las condiciones laborales a las que nos referimos en párrafos anteriores implica que muchos mineros realizan sus labores de manera insalubre pues entran en contacto con el mercurio y otros compuestos químicos que manipulan sin mayor protección. Por ello enferman rápidamente. El Ministerio de Trabajo ha detectado la presencia de menores en los centros mineros informales, lo cual está prohibido por diversas convenciones internacionales.

La intención de formalizar y poner límites a la actividad minera informal es saludable, pero debió contar con una debida campaña informativa para alertar a la población de los peligros que representa, esto es, para generar la simpatía de la ciudadanía y que ésta no se vea sorprendida por los alegatos los informales, quienes afirman ser víctimas de la represión estatal y que pretenden desplazarlos para entregar sus proyectos a grandes empresas, lo cual es falso pues los vólumenes de oro que extraen, el principal mineral explotado, no generan suficiente rentabilidad para la gran minería.

La trata de personas ha sido confirmada en 'prostibares' de Madre de Dios. De ahí que sea prioritario ejercer la autoridad y aplicar todo el peso de la ley a los infractores. Sin embargo, las acciones del gobierno parecen apresuradas y dejan en el limbo a miles de trabajadores que dependen de la minería informal. Mientras se lleve a cabo la reorganización del sector el Ejecutivo debería subsidiar los ingresos de los mineros, capacitarlos en otras labores y posiblemente reubicarlos ya que muchos son migrantes.

El bloqueo en un tramo de la Panamericana Sur en Arequipa y la destrucción de propiedad privada atribuida a los mineros informales no se justifica bajo ningún punto de vista. Ese tipo de radicalización no conduce a ninguna parte como tampoco el empleo de municiones en el intento de desalojo de la Policía pues produce bajas civiles (las fuerzas del orden debieron usar balas de goma). El uso de fuerza excesiva sólo ayuda a la causa de las mafias que controlan la actividad minera informal pues tras el operativo sostienen que la intervención fue brutal y desmedida.

Varios han dejado de ser mineros artesanales para convertirse en explotadores de recursos naturales de tamaño mediano. A estos últimos se les combate para reducir los impactos de su actividad. Su operación debe fiscalizarse, y más en lugares donde existe mucha biodiversidad. Estos se valen de la miseria de los mineros para pagar salarios muy bajos y contratan a menores para reducir sus costos operativos. Para alejar al Estado promueven ataques contra dependencias públicas y azuzan a la población difundiendo mentiras. El objetivo de los informales es actuar con total impunidad -como ahora- como los cárteles del narcotráfico y Sendero Luminoso en el VRAE (Valle de los ríos Apurimac y Ene).

Las cosas no pueden dejarse como están alegando que la minería formal, sobre todo la mediana, contamina o que hay prostitución de menores en otras partes pues hay niños que trabajan en condiciones lamentables. Si el gobierno aprista ha decidido tomar cartas en el asunto es con el propósito de mejorar su imagen en el exterior pues debe mostrar avances en materia ambiental. El caso de la minería informal se presta para exhibir logros en ese sentido ya que la Unión Europea exige la reducción de la deforestación en nuestros bosques. El gobierno se vale de la explotación infantil, de la contaminación, de la insalubridad y de la depredación para justificar la promulgación del Decreto de Urgencia 012-2010 y una serie de medidas de emergencia para hacer "algo" por el medio ambiente

Al presidente García no le interesa la precaria situación de los trabajadores mineros ni la prostitución infantil pues hubiera actuado en su primer gobierno o a inicios de su segundo periodo. Lo que verdaderamente le preocupa es congraciarse con los representantes comerciales de la UE para cerrar de una vez el acuerdo el bloque económico. La preservación de áreas naturales forma parte de las negociaciones que sostenemos con los europeos, de ahí que la erradicación de la minería informal encaje perfectamente con el "golpe" que el gobierno necesita para cerrar el trato.

Otra razón para intervenir es recuperar el control de una región que se encuentra en manos de mafias bien organizadas. La soberanía podría estar en riesgo dentro de algunos años si permitimos que los mineros informales se consoliden. Estos podrían demandar la escisión territorial e imponer sus reglas como lo vienen haciendo. Al poseer armas de fuego y tener poder económico resulta lógico pensar que traten de resistir cualquier intervención gubernamental como un cartel del narcotráfico.

Este caso es muy distinto al de Bagua, a pesar de que algunos le buscan similitudes o al Arequipazo de hace unos años, ya que en el primero el gobierno atropelló los derechos de los nativos (el derecho a la consulta previa establecido en el Convenio Nº 169 de la OIT). Otra diferencia es que en esta ocasión se enfrenta a una organización criminal que se victimiza y convierte el asunto en una virtual lucha de clases (los "pobres" mineros versus el Estado opresor que pretende despojarlos).

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Apra versus El Comercio

The circle is now complete... parece que parte de la tormenta que capturó la atención de los medios durante las últimas semanas se ha alejado. Aunque la tensión política se incrementará conforme nos adrentemos en la campaña presidencial. El asunto de todos modos está más claro al descubrir los motivos que llevaron al partido de gobierno a enfrentarse al conglomerado de medios más poderoso del país.

El indulto al ex broadcaster Luis Enrique Crousillat no fue casual como tampoco lo fue la denuncia que presentó para recuperar América Televisión. Si el empresario televisivo salió de prisión fue justamente para presionar al 'Grupo El Comercio', controlado por la familia Miró Quesada, por presunta su cercanía al ex presidente Alejandro Toledo, virtual candidato de Perú Posible, agrupación que busca conformar un frente anticorrupción con el PPC de Lourdes Flores, quien postularía a la alcaldía de Lima.

Algo deben saber los ocupantes de Palacio para tomarse la molestia de amenazar al grupo editorial que desde hace varios años se ha convertido en la principal fuente de información de los peruanos. El hecho de realizar una jugada tan burda y desesperada que terminó con el cese de Aurelio Pastor, ahora ex ministro de Justicia y responsable político del indulto a Crousillat, sólo puede deberse a la gran preocupación que genera que 'El Comercio' respalde la candidatura de Alejandro Toledo, uno de los pocos aspirantes que podría auditar la gestión del presidente García.

Si 'El Comercio' respalda efectivamente a Toledo, quien se ubica en el tercer lugar de las preferencias electorales según los últimos sondeos de Apoyo y la Universidad Católica, sus posibilidades de tentar la presidencia por cuarta vez se incrementarían (recordar que postuló dos veces contra Alberto Fujimori y una vez enfrentó a García). Toledo tiene la ventaja de haber gobernado con relativo éxito pues entregó un país con las cuentas fiscales en azul.

Si bien Toledo no tuvo apoyo de los medios como Fujimori, quien los compró por medio de su asesor Vladimiro Montesinos, ni disfrutó de una prolongada "luna de miel" como García por el peligro que representaba el nacionalismo de Ollanta Humala (los medios cerraron filas para evitar el triunfo de la nueva versión del socialismo latinomaricano que encarna Hugo Chávez), puede decirse que gobernó de manera aceptable ya que durante su administración se inició la senda de crecimiento que experimentamos en la actualidad.

La jugada del aprismo tuvo dos objetivos claros: 1) presionar a América Televisión, cuya dirección recae principalmente en los Miró Quesada por ser titulares de la mayoría de las acreencias del canal (América Televisión se encuentra dirigida por una junta de acreedores supervizada por Indecopi); y 2) inculpar a Alejandro Toledo por medio de la denuncia de Crousillat, es decir, revivir una investigación que data del 2004 para presentar una acusación constitucional que desgaste al ex mandatario y, en el peor de los casos, lo inhabilite para participar la contienda.

Para poner en marcha el plan el Apra debía contar con los votos de la bancada fujimorista, adversarios declarados de Toledo (debemos recordar que éste apoyó los procesos anticorrupción contra funcionarios del régimen del reo Alberto Fujimori), y algunos congresistas advenedizos que siempre respaldan las iniciativas de Palacio. De ese modo sacarían de carrera a un rival que prometía investigar al gobierno aprista y mantener en la cárcel a Fujimori cinco años más.

La arremetida del Apra, encabezada el removido Pastor, quien acaba de anunciar que promoverá de todos modos una acusación contra Toledo por su supuesta injerencia en los medios de comunicación, unirá aún más a 'El Comercio' con Toledo pues ambos son objeto de presiones. Su aliada Lourdes Flores, a quien el grupo de medios venía apoyando solapadamente en las dos últimas elecciones, también resultará favorecida pues da cuerpo a la plataforma anticorrupción que encarna con Toledo.

Sin querer el Apra ha revivido la lucha contra la corrupción a nivel político y judicial, la cual perdió mucho interés para el ciudadanía después de la condena a 25 al ex presidente Fujimori, pues ha incursionado en prácticas típicas de la autocracia fujimorista. Las amenazas a la prensa fueron habituales en el régimen del popular 'chino'. Pero en este caso no creemos que hubo un riesgo para la libertad de expresión pues el Apra no pretendía tomar América Televisión por intermedio de Crousillat; su fin no era otro que presionar al canal para que deshaga los tratos con Toledo, la principal amenaza para el aprismo. En el 2008 el Ejecutivo intentó apoderarse de Panamérica sin éxito por las objeciones de los medios.

La libertad de empresa, que pudo haber estado en juego para algunos, tampoco corría serio peligro ya que los argumentos de Crousillat eran demasiado débiles. El sujeto más buscado por la Policía, tras la anulación de su indulto, pretendía recuperar la administración de la estación televisora negando los pagarés que firmó como máximo ejecutivo del canal. El impago de los mismos y otras deudas condujo América Televisión al estado de insolvencia.

Para 'El Comercio' Toledo representa la opción más "democrática" y "aceptable" en estos momentos pese a no haberle dado tregua durante su gestión y solicitar que diera un paso al costado y que gobernara un gabinete independiente (julio de 2004). Pero el tiempo ha pasado y ahora necesita generar una nueva alianza con un líder político que no sólo garantice la continuidad del modelo económico sino que respete sus intereses.

Ahora que Lourdes Flores dejó de representar al empresario aeronáutico César Cataño, rival en ciernes de la todopoderosa Lan Perú, estrechamente vinculada a 'El Comercio' todo parece más claro. El burgomaestre Luis Castañeda Lossio, favorito para ganar los comicios, no es de la devoción de 'El Comercio' pues Perú21, medio del mismo grupo, denunció el pago de una deuda del municipio capitalino a Comunicore, empresa que se disolvió tras comprar la acreencia de Relima (acreedora original de la municipalidad) y obtuvo una jugosa ganancia en pocos días, pese a que la alcadía adujo que no tenía recursos para honrar sus compromisos con Relima, fijando un cronograma de pagos.

El Apra pretendía matar a dos pájaros de un tiro pero le salió el tiro por la culata cuando 'El Comercio' alegó que peligraba la libertad de prensa. El roce con el gobierno le sirvió para victimizarse y ganar protagonismo en medios internacionales por la repercusión del caso. Cuando el Ejecutivo retrocedió dejando sin efecto el indulto presidencial, el cesado a Aurelio Pastor visitó la "Casa del Pueblo" y declaró Toledo es el candidato de 'El Comercio', lo cual no tendría nada de malo, siempre que sea explícito, pues en democracias más desarrolladas los principales diarios apoyan a los aspirantes más cercanos a su línea editorial.

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Alan García y América Televisión

(Caricatura de Carlín en La República)

El indulto del presidente Alan García al ex broadcaster José Enrique Crousillat no fue concedido por razones humanitarias, sino más bien un canje por el cual debía denunciar al ex mandatario Alejandro Toledo por el traspaso de América Televisión. García no buscaría tomar la principal emisora de señal abierta -como temen algunos periodistas y directivos de esa casa televisora-, sino tener un motivo para iniciar una investigación sobre la participación de Toledo en el asunto.

Los apristas temen que Toledo se perfile en las encuestas, y más ahora que Lourdes Flores, la lideresa del PPC, ha decido competir por la comuna limeña. Ante la posibilidad de que el peruposibilismo retorne a la presidencia, el Apra ha activado todas las alarmas pues esa agrupación auditaría la cuestionable gestión de García.

El Apra debe cuidarse las espaldas pues el escándalo de los 'petroaudios' tiene muchas ramificaciones que no han sido investigadas del todo, es decir, anda en pos de la impunidad que le brindaría el eventual gobierno del actual burgomaestre capitalino Luis Castañeda Lossio o la congresista Keiko Sofía Fujimori, personajes con los que mantiene alianzas políticas.

No es sostenible la hipótesis de la captura de América Televisión por parte del indultado Crousullat con ayuda del Apra (en el Poder Judicial) porque la Junta de Acreedores fue legalmente constituida. En otras palabras, las acreencias fueron reconocidas por la empresa deudora (en ese momento la administración estuvo a cargo de la hijas de Crousillat) bajo la supervisión de Indecopi (Instituto de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual).

Queda descartada cualquier irregularidad en el proceso que se inició con la declaración de la insolvencia de América Televisión. Los Crousillat perdieron el control de la televisora cuando ésta pasó a manos de sus acreedores. Posteriormente sus participaciones minoritarias (2.9%) fueron licuadas al no realizar aportes de capital, los cuales fueron exigidos por la junta de acreedores para reflotar la empresa.

En el supuesto negado que el Apra respalde la fraudulenta denuncia tendría que intervenir el Poder Judicial y el Ministerio Público para que el corrupto empresario retome la estación. En otras palabras, subvertir la independencia de poderes con el propósito de remover a la junta que lleva las riendas de Canal 4. Esto erosionaría nuestra seguridad jurídica pues habrían pocas garantías para la inversión.

Además se sumarían protestas de medios locales y de organizaciones internacionales de prensa que solicitarían la restitución inmediata de Plural TV, grupo que administra América Televisión. Las denuncias arrinconarían al gobierno y pondrían en riesgo la vigencia de acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea ya que ambos demandarían el respeto de las libertades, especialmente las de la libertad de empresa y de expresión.

Lo que hemos visto en últimos días tras la aparición de un audio en el que Eugenio Bertini, ex director gerente del banco Wiese Sudameris (ahora Scotiabank), señala que el ex presidente Toledo lo citó en tres oportunidades para tratar el tema de América Televisión, llegando incluso a deslizar la posibilidad de cancelar la banda electromagnética del canal por estar en poder de los Crousillat, le ha proporcionado suficiente artillería al Apra para plantear una acusación constitucional contra Toledo por intervenir en la negociación entre dos privados (entre un deudor y su acreedor).

El partido de gobierno contaría con los votos para conseguir la inhabilitación de Toledo porque sumaría al bloque fujimorista y a algunos congresistas advenedizos (no se descarta que otras agrupaciones rivales suscriban la acusación). Al respecto, el cuestionado ministro de Justicia Aurelio Pastor expresó ayer que "(...) el Gobierno ha escuchado con absoluta preocupación la posibilidad de que durante el gobierno del ex presidente Toledo se haya tratado de influenciar de una manera indebida para lograr la transferencia de un canal de televisión y exige una inmediata investigación por parte del Congreso y el Ministerio Público".

Hace pocas horas el ministro Pastor afirmó que no propondrá la formación de una comisión investigadora que revise la transferencia de las acreencias de América Televisión. Esperemos que el plan del gobierno no prospere en aras de mantener la independencia nuestras instituciones y la confianza en la democracia.

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Rosa María Palacios y el caso de IMI del Perú SAC

En una animada controvesia desatada en Twitter la periodista y abogada Rosa María Palacios, conductora del programa 'Prensa Libre' que transmite América Televisión, negó haber incursionado en actividades empresariales de la mano de su esposo, el abogado Alberto Varillas. Varillas fue gerente y asesor legal de Petrotech Peruana (ahora SAVIA, de capitales colombianos y coreanos), compañía que involucrada en el escándalo de escuchas ilegales realizadas por BTR a una serie de funcionarios y personajes públicos.

La participación de Rosa María Palacios en IMI del Perú S.A.C (International Marine Inc), firma que brinda servicios a la cuestionada petrolera, fue de ocho días como reconoció la comunicadora en Twitter. Ella expresó en Internet que ignoraba cualquier relación con IMI.

Cabe recordar que ella figuraba como socia en el año 2000 como consta en la partida registral de IMI, constituida en la Región Piura. Su nombre aparecía con el de su marido, socio fundador de la citada empresa, hecho que no negó en la red de contactos sociales. La relación de la comunicadora con IMI fue automática en ese momento -en el 2000- pues formaba parte de la sociedad que la inscribió por el régimen de la sociedad de gananciales que mantiene con su cónyuge, en virtud de la cual fue copropietaria de una sola acción por breve tiempo.

Por medio de Twitter Rosa María Palacios descartó tener en la actualidad algún tipo de vínculo con IMI del Perú S.A.C., que brinda servicios de transporte marítimo a empresas petroleras. Aclarado esto, corresponde resumir o abreviar el trato que ha venido dando a sus trabajadores. A continuación, se enmumeraran una serie de abusos que han sido registrados por el sindicato.

IMI del Perú S.A.C. se encuentraba dentro de la esfera de Petrotech, cuyo accionista mayoritario fue el norteamericano William Kallop, quien controlaba diversas empresas en el sector de hidrocarburos. Según un informe de la ONG Plades, IMI proviene de la Antigua International Marine. Plades asegura que tras el cambio de nombre IMI inició prácticas marcadamente antisindicales para evitar la formación del nuevo sindicato de IMI (Sindicato Único de Trabajadores de Mar y Tierra de IMI del Perú S.A.C.)

La empresa en cuestión rechazó la constitución del sindicato para evitar la negociación colectiva con sus empleados, esto es, el derecho de los trabajadores a solicitar a sus empleadores mejores condiciones de trabajo, el que ha sido reconocido constitucionalmente y en tratados internacionales. Con ello IMI también violó el derecho a la libertad sindical que autoriza a los trabajadores a formar sindicatos y afiliarse a los mismos para defender sus intereses.

En 2001 IMI exigió a sus empleados una reducción de sueldos, quienes se vieron obligados a renegociarlos con la nueva directiva. Acto seguido desconoció al sindicato anterior cuando cambió de nombre y tomó el local que empleaba la organización sindical para convertirlo en comedor para ejecutivos.

Uno de los problemas reportados por Plades es "la hora de ingreso de los trabajadores de los pozos marinos pues ingresan a las 5:00 am a su centro de labores en el mar, pero les contabilizan la entrada a partir de las 7:00 am". IMI aduce que las pantallas que registran las tarjetas "no funcionan tan temprano". Estos hombres tienen derecho al pago de horas extras pues se ponen a disposición de la empresa desde que abordan las embarcaciones que los trasladan a los pozos.

En cada jornada la compañía no reconoce dos horas de labor a sus empleados en altamar, en otras palabras, no paga horas extras debidamente acreditadas. Esto le genera mayores ingresos a IMI pues por el misma salario sus trabajadores cumplen jornadas adicionales. La no retribución de IMI constituye una plusvalía que va directamente al bolsillo de los accionistas.

IMI hostigó de manera permamente a los trabajadores sindicalizados amenazándolos con el despido. Intentó liquidar la actividad sindical para generar ahorros sustanciales en el plano laboral, hecho que beneficia exclusivamente a sus accionistas. La firma de capitales norteamericanos y peruanos fue fundada, como se dijo más adelante, por Alberto Varillas Cueto, esposo de Rosa María Palacios McBride.

Desde el comienzo se registraron violaciones a la libertad sindical y a la negociación colectiva mediante la desestabilización, la marginación y el amedrentamiento. Plades afirma que IMI discrimina entre sus trabajadores pues bonifica a los no sindicalizados, quienes en sus vacaciones reciben un bono extra que no perciben los sindicalizados. Estos últimos tampoco tienen derecho "al bono de rendimiento que se acumula para las vacaciones o para el básico de los empleados".

IMI del Perú S.A.C. es la matriz de varias firmas que brindan servicios a Petrotech y sus empresas vinculadas (IMI ocupa el edificio donde domicilia Petrotech en Talara). Entre las primeras destaca Talara Cathering Service, especializada en el rubro alimentario que se encarga de preparar menús a los empleados, quienes deben adquirirlos de manera obligatoria. Los trabajadores no tienen la posibilidad de llevar alimentos de sus casas porque IMI lo prohibe. Ni siquiera los que requieren una dieta especial -por tratamiento médico- están dispensados por disposición de la empresa.

En la práctica IMI del Perú S.A.C. opera como un gran service que abarata el costo de la mano de obra ya que sus 1500 trabajadores prestan labores en empresas de Petrotech, que cuenta con 500 empleados en planilla. De ahí que se haya opuesto a la constitución del Sindicato Único de Trabajadores de Mar y Tierra de IMI. La empresa se creó básicamente para defraudar o sacarle la vuelta a la ley. Es decir, para no incoporar ni reconocer derechos laborales a cientos de trabajadores.

IMI también ha sido denunciada por obligar a sus empleados a trabajar jornadas de 144 horas continuas, las cuales son inconstitucionales pues afectan la salud y la dignidad de la persona. La práctica de despido arbitario se ha verificado en el caso de una trabajadora sindicalizada de IMI. En junio del 2008 el Ministerio de Trabajo instó a IMI a regularizar la situación de 980 trabajadores subcontratados irregularmente.

IMI intervino en repetidas ocasiones para que el sindicato no pueda registrarse. Para dicho efecto presentó acciones "legales" para impedir la negociación colectiva. A lo largo del proceso de inscripción del sindicato se negó a acatar resoluciones administrativas y judiciales. La empresa debió iniciar la negociación del convenio colectivo de trabajo, pero rechazó el trato directo con la organización sindical. Pese a que el Ministerio de Trabajo y el Poder Judicial declararon improcedentes sus reclamos, IMI prosiguió con su actitud hostil hacia los trabajadores sindicalizados.

En febrero del 2008 IMI fue multada por una UIT por no presentar un estudio sobre sus estados financieros. En fechas posteriores sus representantes no se presentaron a la diligencia de conciliación convocada por la autoridad del trabajo (lo hicieron para retrasar la negociación colectiva). El 14 de abril de ese año los trabajadores realizaron una huelga general para protestar por las acciones de IMI.

Sería saludable que la prensa tomara interés por el asunto.



Fuente:


http://www.plades.org.pe/publicaciones/estudios/vigilancia_social/talara_desarrollo_y_oportunidades.pdf

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Piura en caos

La violencia desatada ayer en la ciudad de Piura nos muestra el grado de descomposición social al que hemos llegado con el correr de los años. Los hechos luctuosos ya no ocurren únicamente zonas alejadas de la sierra (Puno) o la amazonía (Bagua), sino en urbes costeñas donde el grado de "desarrollo" es sensiblemente mayor. La inseguridad que ahora caracteriza a la capital norteña va más allá de la amenaza de desalojo que pesa sobre cientos de ambulantes atrincherados en el Mercado Modelo.

La tensa calma tiene raíces mucho más profundas que la decisión de un grupo de vendedores de enfrentar a un contingente policial que se preparaba para recuperar la vía pública que rodea al citado mercado, detonante del enfrentamiento entre comerciantes y vándalos con efectivos policiales (en realidad la alcaldesa no había notificado a los comerciantes la proximidad del desalojo).

El asunto es demasiado complejo como para atribuir exclusivamente a la alcaldesa Mónica Zapata, a los dirigentes de los comerciantes o a las fuerzas del orden el sangriento resultado de cinco muertos, entre ellos un menor de edad, y decenas de heridos, varios de estos por impactos de bala y objetos contundentes. El saqueo posterior y los daños a la propiedad pública y privada tienen relación con causas mucho más complejas.

El desgobierno que reinó durante varias horas tampoco tuvo que ver con la intervención de la congresista nacionalista Marisol Espinoza, a quien el congresista fujimorista Carlos Raffo acusó de azuzar a los vendedores y promover la violencia, sino a la rabia contenida de un sector excluido de la población que aprovechó el desconcierto para expresar su descontento.

La violencia en las calles piuranas es una clara manifestación de la brecha que separa a un grupo de peruanos de los que disfrutan las bondades del modelo económico. Quienes no pueden incorporarse formalemente al sistema, es decir, los que no tienen mayores oportunidades dentro del mismo, pasan engrosar las filas de la informalidad realizando labores mal remuneradas.

Los pandilleros que respaldaron a los comerciantes piuranos provienen de zonas urbano-marginales. En su mayoría son descendientes de agricultores que migraron a Piura atraídos por el "boom" de la ciudad. La gente de la sierra piurana y de otras zonas gana entre 350 y 700 soles como mototaxistas, ambulantes, repartidores de gas, técnicos de Direct TV, motociclistas de Rosatel, cajeros de supermercados, etc.

Estos pobladores ocupan la perifería de la ciudad de Piura. Sus hijos no tienen posibilidad de conseguir bienestar. Esta situación los empuja al pandillaje y la delincuencia juvenil. Eso los convierte en mercenarios dispuestos a ofrecer sus servicios al mejor postor. Lo de ayer les sirvió de pretexto para darse a conocer en noticieros capitalinos y revelar que pueden constituir una verdadera amenaza.

La pobre educación que brinda el Estado no los puede conducir a ningún lado. Y la economía de mercado no puede darles empleos ni salarios dignos para cubrir sus necesidades. De ahí que se ensañen y saqueen establecimientos comerciales que son símbolos del sistema al cual no pueden acceder (tiendas de electrodomésticos, grifos, sedes bancarias, etc.)

No estamos justificando la violencia sino explicándola pues factores como los bajos ingresos, la mala educación, entre otros, generan mucho resentimiento social. La acumulación del mismo espera provocaciones de la Policía o convocatorias a la agitación para desbordarse en las calles. Las turbas no son más que una consecuencia de las inequidades que mantiene el modelo.

En Chile ocurrió algo parecido tras el terremoto de 8.8 de la madrugada sábado pues la desigualdad social estuvo detrás de los asaltos a supermercados, incendios de almacenes, hurto de electrodomésticos y barrios que se organizan para ahuyentar a los ladrones. La pérdida de casas e infraestructuras, y la falta de servicios básicos como luz, agua, comunicaciones telefónicas y transporte desnudaron algunas fisuras en el país más estable del subcontinente.

La reubicación en un terreno usado como relleno sanitario -en el que anidan ratas y gallinazos- pudo haber ofendido a los comerciantes piuranos que tienen más de 15 años ocupando los alrededores del Mercado Modelo. Pero no fue suficiente para originar la inusitada reacción de la que hemos sido testigos a través de las pantallas.

Dentro de un modelo injusto y un Estado prácticamente inexistente -muy distanciado de las demandas sociales- es previsible que aflore el "achoramiento" como desobedecimiento de reglas mínimas de convivencia y como modo de relacionarse en un entorno indolente y hostil. El que haya mucha inversión privada y más recursos en provincias (fruto del canón y las regalías) no garantizó la reducción de las desigualdades.

Muchos de los que participaron en el vandalismo saben que no tienen posibilidades de conseguir una vida digna. Las dos caras de Piura han sido exhibidas. El ingreso promedio bordea los 400 soles mensuales según un estudio del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) del 2005. Piura se ubica cerca del promedio nacional en cuestión de ingreso, pero por debajo del nivel de las demás regiones de la costa. La región norteña ocupa el puesto 13 dentro de 24 regiones (incluida la Provincia Constitucional del Callao).

El Informe sobre Piura revela que "tiene zonas muy deprimidas en lo económico". Y que los esfuerzos de las autoridades son insuficientes. El estudio muestra notables diferencias entre la sierra y la costa de la región. También da cuenta del bajo índice de escolaridad, del nivel de esperanza de vida (menor al promedio nacional) y la mala calidad de los servicios de salud.



Fuente:

http://www.eltiempo.pe/portada123.html

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¿Keiko Fujimori rompió con la corrupción?

En la entrevista que le hizo Emilio Camacho, periodista de Perú 21, el congresista Carlos Raffo señaló que Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza 2011, marcó diferencias con el asesor Vladimiro Montesinos, ex jefe de facto del SIN (Servicio de Inteligencia Nacional). Raffo, vocero de la bancada fujimorista, dijo que en 1999 Keiko Fujimori, entonces primera dama, firmó un referéndum para que su padre no postule a un tercer e inconstitucional mandato presidencial.


Sin embargo, los hechos no son como Raffo describe pues Keiko Fujimori rubricó con tibieza el planillón que le alcanzaron las ex congresistas Lourdes Flores y Anel Townsend, dos de las principales opositoras del régimen autocrático. Keiko respondió al abordaje de la siguiente manera: "Qué fregadas son, ¿ahorita tiene que ser ?" En ese momento la aspirante presidencial se disponía a ocupar el palco principal del Congreso para escuchar el Mensaje a la Nación de su padre en 1998. Ante la insistencia de las legisladoras Flores y Townsend, Keiko Sofía Fujimori no tuvo más remedio que firmar el planillón (ver Caretas Nº 1527).

En días previos la ex primera dama indicó a diferentes medios que "(...) prefería que mi papá no postulara como hija, pero como ciudadana creo que el país lo necesita". De esta declaración se puede inferir que Keiko Fujimori no estaba muy convencida al momento de anotar sus datos en las hojas que la oposición presentó a la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales).

Luego el Congresista Raffo aseguró en Perú 21 que Keiko Fujimori, confrontó, también en 1999, a Montesinos por un caso de extorción a una familia, y le solicitó a su padre que retire al ex asesor de inteligencia. Raffo manifiestó que Keiko "encaró" al socio político de Alberto Fujimori en los momentos más difíciles. Eso ocurrió cinco años después de asumir como primera dama, como recuerda el periodista Emilio Camacho en la entrevista.

Lo cierto es que nunca vimos a Keiko Fujimori romper públicamente con Montesinos pues siguió al lado de su padre. Su madre, la ex parlamentaria del FIM, Susana Higuchi, quien denunció la sustracción de ropa donada por parte de la Familia Fujimori, le había dado un ejemplo, pero ella, en lugar de abandonar la corrupción rampante que la Higuchi vio en Palacio, prefirió asumir el cargo de ésta. La madre de Keiko supo distanciarse a tiempo tras haber sido torturada y encerrada sin motivo en la sede del Ejecutivo. Y por dignidad no fue a la ceremonia religiosa de su hija Sachi en la Diroes, donde se hubiera encontrado con su ex marido, condenado a 25 años de cárcel por violaciones de derechos humanos.

Keiko Fujimori pasó a vivir con su padre y Vladimiro Montesinos en el SIN. Ella tanía 19 años cuando reemplazó a su madre en 1994, edad suficiente para darse cuenta de lo que pasaba a su alrededor, pero optó por el silencio y la sumisión propias de mujeres pertenencientes a culturas ancestrales. Keiko Fujimori nunca se desligó de la corrupción porque no denunció los abusos de Alberto Fujimori contra su madre. Desde ese momento Montesinos se encargó de su formación y fue su principal referente político (recodar que Fujimori se refugiaba en las instalaciones del SIN).

Por si fuera poco, la congresista de Alianza por el Futuro no ha dado explicaciones convincentes sobre la financiación de sus estudios y los de sus hermanos en Estados Unidos. A esto hay que agregar la incorporación de tres ex ministros fujimoristas cuestionados en su equipo de gobierno, este es el caso de Jaime Yoshiyama, Daniel Hokama y Alberto Pandolfi. Además su pacto no encubierto con Álex Kouri, presidente del Gobierno Regional del Callao, uno de los más asiduos visistantes al despacho de Montesinos (acudía para sugerirle medidas para dinamitar a la oposición y conseguir favores personales), revelan que encarna lado más oscuro del fujimorismo.



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Fuentes:

http://www.caretas.com.pe/1998/1527/keiko/keiko.htm



http://peru21.pe/impresa/noticia/no-creo-que-alex-kouri-sea-montesinista/2010-02-28/269117

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